El
Acuerdo Transatlántico para el comercio y la inversión -más
conocido como TTIP- es un tratado que se está negociando en la
actualidad entre los Estados Unidos y la Unión Europea para
“aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EEUU
haciendo un mercado que genere nuevas oportunidades económicas de
creación de empleo y crecimiento mediante un mejor acceso al mercado
y una mayor compatibilidad reglamentaria”.
Su
origen remoto se encuentra en la Declaración Transatlántica firmada
en noviembre de 1990, aunque es en junio de 2013 –y a espaldas de la
población- cuando comenzaron las negociaciones entre las dos
potencias para promover el acuerdo. La UE y EEUU están perdiendo
poder económico y político en el mundo. Con este tratado buscan
crear la “zona de libre comercio más grande del planeta”: una
forma de hacer la competencia y declarar la guerra a otras grandes
potencias (China y Rusia) y recuperar parte de ese poder. No
obstante, han sido multinacionales como la industria automovilística,
farmacéutica y agroalimentaria, empresas energéticas y de
servicios, bancos, etc.- a ambos lados del Atlántico- las que más
han presionado para llevar a cabo estas negociaciones. Es más, la
mayoría de reuniones que ha mantenido la Comisión Europea sobre el
tratado ha sido con grupos de presión de las grandes empresas.
OPACIDAD
La
negociación se produce con bastante opacidad entre la Unión Europea
-a través de la Comisión Europea- y los EE.UU. La Comisión europea
tiene un mandato negociador que contiene información reservada que
pese a estar hoy publicado no deja de plantear dudas y problemas.
Los
trámites para su entrada en vigor serían los siguientes: una vez
concluidas las negociaciones por las delegaciones de ambas partes, la Comisión europea lo presentará al Consejo de
la Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los
Estados que representen el 65% de la población). Tras este visto
bueno, se someterá a aprobación en el Parlamento Europeo y,
posteriormente se ratificará por los Parlamentos nacionales. Hemos
de tener presente que las votaciones son sobre la totalidad del
proyecto, y que, por tanto, no cabrían enmiendas de los Estados.
Pese
a su importancia, que puede suponer de facto una mutación
constitucional desde un punto de vista de la “Constitución
económica”, no hay previsiones de que se someta a referéndum
ciudadano ni en España ni en la Unión Europea. (Fuente: El diario.es)
